Retribuciones en el ámbito del sector público

Mediante este Real Decreto-ley 2/2020 se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que recoge la subida salarial que se aplica, con efectos de 1 de enero de 2020, a las empleadas y empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial.

El II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF, establece un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas que se extiende entre los años 2018 y 2020. En el mismo se prevé para los citados años un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía, que deberán recoger las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Como quiera que la situación de prórroga presupuestaria de los Presupuestos de 2018 se mantiene en la actualidad, se hace necesario la aprobación de esta norma, que posibilita el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado Acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2020.

El RDL 2/2020 recoge, en términos prácticamente idénticos, lo que habitualmente suelen regular las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en materia retributiva (“De los gastos de Personal”), y el RDL 24/2018, que aprobó los incrementos retributivos para el año 2019.

En particular su contenido se limita a regular exclusivamente aquellos aspectos indispensables para aprobar con efectos de 1 de enero de 2020 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público, e incluye todos los ajustes que se consideran necesarios para que dicho incremento se haga efectivo.

Se incluyen también los Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.

De manera más precisa se establece para cada uno de los diferentes colectivos que forman parte del sector público una subida fija del 2 %, y de un 0,3 % de fondos adicionales que se reparten para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia y están sujetos a negociación con las organizaciones sindicales por cada Administración.

También se regula un incremento variable, en los siguientes términos:

Para un crecimiento del PIB, igual o superior al 2,5 % será un 1 % adicional. Para un crecimiento del PIB inferior al 2,5 %, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento que se haya producido sobre dicho 2,5 %.

En resumen, se establece una subida fija del 2 % respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2019 y, por otro, se regula un incremento variable, en función del crecimiento del PIB de 2019, de forma que si alcanzara o superase el 2,5 % se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 % de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente del siguiente modo:

PIB 2,1 en 2019

0,20%

PIB 2,2 en 2019

0,40%

PIB 2,3 en 2019

0,60%

PIB 2,4 en 2019

0,80%

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 % de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

El tope de incremento de la masa salarial del personal laboral del sector público estatal, con carácter general, será el establecido en el RDL 2/2020. La masa salarial (Orden HAP/1057/2013) debe ser autorizada por los órganos competentes con carácter previo a la negociación en cada ámbito concreto.

Conviene recordar y precisar que el Acuerdo también estipula un incremento salarial de 0,55%, si en el año 2020 se cumplen los objetivos del déficit público. Pero dicho incremento, de cumplirse el requisito, se debería incluir en los presupuestos de 2021.

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