Ley de Sociedades Laborales y Participadas

Mediante esta Ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Participadas, que entrará en vigor el próximo 14 de noviembre (no obstante, de acuerdo con su DT 1ª, los expedientes relativos a las Sociedades Laborales que se encuentren tramitándose a la entrada en vigor de esta ley se resolverán por las normas vigentes en la fecha de su iniciación), establece un nuevo marco jurídico para estas entidades societarias, con los objetivos básicos de actualizar y mejorar el contenido de la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales (que se deroga), en función de las reformas llevadas a cabo en el ámbito del derecho de sociedades, y reforzar la naturaleza, las funciones y la caracterización de la sociedad laboral como enti­dad de la economía social, poniendo de relieve sus especificidades.

Esta reforma normativa incorpora mejoras para las sociedades laborales, puesto que va a suponer un avance a la hora de clarificar los requisitos para la constitución de sociedades laborales, va a facilitar la incorporación de trabajadores a la condición de socios y va a simplificar y reducir trámites administrativos e incorporar los principios de buen gobierno.

La Ley dedica un capítulo III a conceptualizar las empresas participadas, convirtiendo así a la sociedad laboral en modelo de referencia de la participación en España.

Esta Ley regula, de manera novedosa, la sociedad participada por los trabajadores, situando así a la sociedad laboral como el referente de este tipo de empresas en España y en la Unión Europea, donde no existe legislación al respecto.

Entre las novedades normativas cabe destacar que la reforma va a permitir la creación de sociedades laborales con dos socios trabajadores iniciales (hasta ahora el número mínimo eran tres), con la obligación de incorporar a un tercer socio en el plazo de 36 meses. También va a permitir un mayor porcentaje de horas-año trabajadas por parte de los no socios, con respecto a los socios trabajadores, adaptando así el modelo a las demandas planteadas por las empresas desde hace casi una década y eliminando un corsé que ha hecho que muchos proyectos de autoempleo colectivo no pudieran calificarse como sociedad laboral.

La nueva Ley aporta novedades que mejoran el sistema de transmisión voluntaria de acciones, haciéndolo más ágil, o la valoración de acciones y participaciones en la amortización y transmisión de las mismas. También propone mejoras y orientaciones para el órgano de Administración de las empresas garantice prácticas de buen gobierno.

Además establece la obligación para todas las sociedades pre-existentes de adaptar sus estatutos sociales a las disposiciones la nueva ley en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.

La nueva regulación se estructura en tres capítulos, que a continuación comentaremos.

Capítulo I. Régimen societario (artículos 1 a 16)

  • Se regula el concepto de sociedad laboral, sus rasgos esenciales, entre los que se encuentra la necesidad de poseer la mayoría del capital social y la exigencia de que ningún socio pueda tener acciones o participaciones que representen más de la tercera parte del capital social. Al respecto, se establecen (y amplían) las excepciones a las exigencias aludidas, entre las que cabe destacar la posibilidad de constituir sociedades laborales con dos socios, siempre que ambos sean trabajadores y tengan distribuida de forma igualitaria su participación en la sociedad. Asimismo, se flexibiliza el marco de contratación de trabajadores no socios y los plazos de adaptación en los supuestos de transgresión de los límites de capital y contratación de trabajadores no socios exigidos para no perder la condición de sociedad laboral.
  • Se regula la competencia administrativa para la calificación de las sociedades laborales (en los mismos términos que la Ley 4/1997), la documentación necesaria (que se simplifica) para su constitución en los supuestos de sociedades preexistentes, y la necesidad de armonización y colaboración entre los distintos registros administrativos estatal y autonómicos y el Registro Mercantil que intervienen en su creación, posibilitando la implantación de medios electrónicos y telemáticos para obtener la calificación e inscripción. También se fijan –y se reducen– las obligaciones administrativas de estas figuras societarias, suprimiendo la exigencia de comunicar periódicamente al registro administrativo las transmisiones de acciones o participaciones, limitándola a los casos en los que se alteren los límites exigidos para obtener la calificación de laboral.
  • En la denominación de la sociedad deberá figurar la indicación “Sociedad Anónima Laboral”, “Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral”, o “Sociedad Limitada Laboral” o sus abreviaturas SAL, SRLL o SLL, según proceda. El adjetivo “laboral” no podrá ser incluido en la denominación por sociedades que no tengan la calificación de “Sociedad Laboral”. La denominación de “laboral” se hará constar en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria.
  • Se regulan las clases de acciones y participaciones (laboral –propietario socio trabajador- y general), exigiéndose para facilitar la gestión y transmisión de las mismas que sean de igual valor nominal y que confieran los mismos derechos, evitándose de este modo las posibles divergencias entre la propiedad del capital y el control efectivo de la sociedad.
  • Se regula un nuevo sistema de transmisión voluntaria de acciones y participaciones, tanto de la clase general como de la laboral, que simplifica el de adquisición preferente existente hasta el momento y que supone una reducción de plazos y del colectivo con derechos de preferencia al suprimirse el derecho que ostentaban los trabajadores de duración determinada.
  • Se regula la valoración de las acciones y participaciones, a los efectos de transmisión y amortización, permitiendo que la valoración de las mismas pueda referirse a un sistema previsto estatutariamente, aunque no tendrá efectos retroactivos.
  • Se regula la transmisión de acciones y participaciones en los supuestos de extinción de la relación laboral, ampliando los casos en los que pueden establecerse normas especiales e incorporando como novedad que en los supuestos de embargo de acciones o participaciones de la sociedad o de ejecución en prenda sobre las mismas, las notificaciones previstas en el artículo 109 de laLey de Sociedades de Capital se hagan también a los trabajadores no socios con contrato por tiempo indefinido.
  • La adquisición por la sociedad de sus propias acciones y participaciones, novedad dirigida a facilitar su transmisión en el plazo máximo de tres años a los trabajadores con contrato por tiempo indefinido. Además, se incorpora por primera vez la posibilidad de que la sociedad facilite asistencia financiera a los trabajadores para la adquisición de capital social.
  • La reserva especial, ampliando los fines a los que se puede destinar. Así, además de compensar pérdidas, podrá aplicarse a la adquisición de autocartera por parte de la sociedad con el objeto de facilitar su posterior enajenación por los trabajadores. Además, se limita la obligación de dotación de dicha reserva hasta que alcance una cuantía de al menos una cifra superior al doble del capital social.
  • La pérdida de la calificación de la sociedad como laboral, y los supuestos de separación y exclusión de socios no regulados hasta la fecha.

Capítulo II. Beneficios fiscales (artículo 17 y disposición adicional 4ª)

Se regulan  los beneficios fiscales, estableciendo que estas sociedades –con el único requisito de que tengan la calificación de “laboral”–  gozarán, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), de una bonificación del 99 % de las cuotas que se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, por la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes y derechos provenientes de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.

Estos beneficios fiscales se entienden sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra (D.A 4ª).

Capítulo III. Sociedades participadas por los trabajadores (artículos 18 a 20 y disposición final 5ª)

Se regula por primera vez las sociedades participadas por los trabajadores, delimitando tal concepto dentro del ordenamiento jurídico español a cuyo efecto se considera como tales no solo a las propias sociedades laborales, sino a cualesquiera otras sociedades en las que los socios trabajadores posean capital social y dere­chos de voto.En esta parte de la Ley se recogen, además, los principios a los que se someten, y el posible reconocimiento que se pueda desarrollar en relación a estas sociedades.

Las sociedades participadas por los trabajadores se someten a los siguientes principios:

a) Promoción del acceso de los trabajadores al capital social y/o a los resultados de la empresa.

b) Fomento de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la sociedad.

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

Tendrán la consideración de sociedades participadas por los trabajadores las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que no alcancen los requisitos establecidos en el capítulo I, pero promuevan el acceso a la condición de socios de los trabajadores, así como las distintas formas de participación de los mismos, en particular a través de la representación legal de los trabajadores, y cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Que cuenten con trabajadores que posean participación en el capital y/o en los resultados de la sociedad.

b) Que cuenten con trabajadores que posean participación en los derechos de voto y/o en la toma de decisiones de la sociedad.

c) Que adopten una estrategia que fomente la incorporación de trabajadores a la condición de socios.

d) Que promuevan los principios comentados anteriormente.

Su actuación deberá ser diligente, leal, responsable y transparente, y deberán favorecer la generación de empleo estable y de calidad, la integración como socios de los trabajadores, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Asimismo, adoptarán políticas o estrategias de responsabilidad social, fomentando las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia.

Otras medidas contenidas en la Ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Participadas

  • La disposición adicional segunda, sobre medidas de fomento para la constitución de sociedades laborales y la creación de empleo, en la se establece la aplicación a los socios trabajadores de las sociedades laborales de todos los beneficios que, en el ámbito de empleo y de la seguridad social, y en desarrollo de la Ley 5/2011, de Economía Social, tengan por objeto impulsar la realización de actuaciones de promoción, difusión y formación de la economía social.
  • Disposición derogatoria única, por cuanto consigna la derogación expresa de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales y de la disposición adicional cuadragésima séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y la disposición final primera que contiene la modificación de la Ley General de la Seguridad Social.
  • La disposición transitoria segunda donde se establece un plazo máximo de dos años desde el 14 de noviembre de 2015(fecha de entrada en vigor de la Ley 44/2015) para que las sociedades laborales adapten sus estatutos a las previsiones de esta norma.

En esta disposición se establecen las consecuencias de la inobservancia de esta previsión (no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de la sociedad laboral hasta que no se haya inscrito la adaptación de los estatutos sociales) y qué supuestos se exceptúan de la prohibición de inscripción.

  • La disposición final 4ª donde se recoge el mandato al Gobierno para la aprobación (en el plazo máximo de un año) de un nuevo Real Decreto que regule el Registro Administrativo de Sociedades Laborales, y que tendrá por objeto modernizar su funcionamiento mediante la implantación de los procedimientos telemáticos. El mencionado Real Decreto contemplará los correspondientes mecanismos de cooperación para hacer efectiva la integración en una base de datos común permanentemente actualizada del Registro de Empleo y Seguridad Social de la información obrante en los Registros de las comunidades autónomas que resulte necesaria para ejercer las funciones de supervisión.

También en materia de registros, destaca la llamada a la colaboración y armonización entre el registro administrativo estatal, los autonómicos y el mercantil, contenida en la disposición adicional primera.

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